El Gobierno vetó completamente la ley de emergencia pediátrica para cuidar el equilibrio fiscal. El Congreso podría insistir con su aprobación
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 651/2025, a través del cual vetó en su totalidad el proyecto de ley N° 27.796, aprobado por el Congreso el pasado 22 de agosto, que declaraba la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales por el plazo de un año.
Según el Gobierno, la ley impulsada por ambas cámaras legislativas, y que contaba con amplio respaldo político y social, “no cuenta con financiamiento adecuado, tiene definiciones vagas, genera riesgos de litigiosidad y podría derivar en un aumento desmedido del gasto público”, que calculan en más de 1$15.000 millones.
Entre sus puntos centrales, la ley buscaba:
- Reforzar la atención pediátrica en todo el país.
- Mejorar los salarios del personal de salud
- Eximir del impuesto a las ganancias a quienes trabajen en áreas críticas.
- Garantizar el funcionamiento del Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.
Por qué Milei vetó la emergencia pediátrica
Desde la Casa Rosada argumentaron que la norma genera “brechas retributivas injustificadas” al focalizarse solo en pediatría, y que priorizar sin límites el gasto en salud infantil podría desfinanciar otros programas esenciales, como el calendario de vacunación o el tratamiento de enfermedades crónicas. Definieron al proyecto como ambiguo y costoso.
El decreto cuestiona que el Congreso “avasalló atribuciones del Poder Ejecutivo” al pretender derogar una resolución administrativa N° 2109/25 sobre el sistema de residencias médicas, algo que según el Gobierno, “lesiona la división de poderes”.
En su extensa fundamentación, el Gobierno defendió su política sanitaria basada en el “déficit cero” y recordó que el Hospital Garrahan ya cuenta con un presupuesto garantizado y mejoras en su gestión, sin necesidad de una declaración formal de emergencia.
“El equilibrio fiscal es la piedra angular de la recuperación económica”, sostiene el decreto, que también acusa al Congreso de “populismo fiscal” por sancionar una ley “que no puede sostenerse con recursos reales”. Ahora, el Congreso tiene la posibilidad de insistir con la ley con una mayoría especial. De lograrlo, el proyecto se convertiría en ley pese al veto presidencial.
